La mediación intrajudicial en tiempos de COVID-19

Vienen tiempos recios para la Administración de Justicia. Tiempos de acumulación de procedimientos, retrasos inevitables en la gestión de los asuntos, dificultades para la celebración de vistas… Y frente a esta situación -que todos los operadores jurídicos atisban en el horizonte-, por parte de los responsables del Ministerio de Justicia y de las distintas Consejerías de las Comunidades Autónomas, sólo se proponen medidas efectistas, sin ningún soporte presupuestario, y que vuelven a dejar en manos de los Juzgados y los profesionales, la solución del problema, sin aportar recursos ni medios.

Javier Bezanilla Sánchez. Miembro de la Hermandad Jurídica

Nuevamente se estás perdiendo la ocasión de implementar en las Oficinas Judiciales, la posibilidad de habilitar sistemas de resolución alternativa de conflictos (ADR) y, en concreto, la mediación.

No me refiero a la posibilidad de obligar a las partes a pasar por una mediación previa, al inicio del procedimiento judicial, porque es evidente que, en la mayoría de los procedimientos, antes de su inicio, las partes han tenido contactos, ha habido requerimientos escritos e, incluso, reuniones, que no han llegado a buen puerto.


Pero ¿qué ocurre cuando las partes ya se encuentran en el procedimiento, conociendo las posiciones del otro, y con el asunto en manos del órgano judicial? Quizás esas posiciones previas, cuando una de las partes no pensaba que la otra iniciaría una acción judicial, ahora hayan cambiado.


Si a eso añadimos un horizonte lejano para la resolución del procedimiento, con trámites que se alargan en el tiempo, y esperas eternas para los señalamientos, no es descabellado pensar que las partes puedan alcanzar un acuerdo.


A veces esto ocurre porque las propias partes retoman las conversaciones, y cierran acuerdos que terminan con un desistimiento, o un archivo por satisfacción extraprocesal pero, en otros, es posible que las partes tengan ser provocadas, interpeladas desde el propio órgano judicial, a través de la mediación intrajudicial. Y esto es algo que echo en falta en las medidas aprobadas e, incluso, en las propuestas, desde distintos ámbitos.


En primer lugar hay que advertir que no hay menoscabo de los derechos de las partes, ni se incrementan tiempos de trámite y, en segundo que, caso de no alcanzarse acuerdo alguno, el procedimiento seguirá su trámite.


Esto no supone un sobrecoste para la Administración de Justicia, y para las partes, una inversión mínima de coste y tiempo, ante el lejano e incierto futuro del procedimiento.

Ya tuve ocasión de explicar en algún Juzgado, el modo de implementar el sistema, dando respuesta a la pregunta inevitable del Letrado de la Administración de Justicia: “ ¿esto no me dará más trabajo? La respuesta es “no”.


A nadie se le escapa que, entre la contestación de una demanda, en el orden civil, y el siguiente trámite procesal, bien sea el señalamiento del acto de juicio, o de la audiencia previa, pueden transcurrir meses, en los que el procedimiento está paralizado, y en el que las partes esperan –y ahora más- pacientemente, el siguiente trámite.


Esos tiempos muertos del procedimiento son el momento para que, por parte del Juzgado, se derive el procedimiento a mediación, ya que ello no va a retrasar más la tramitación –aunque sea preciso dictar la correspondiente resolución derivando el asunto a mediación- por lo que no va a ser preciso paralizar la tramitación del mismo. Por tanto, las partes no se ven perjudicadas en su derecho, y el Juzgado sólo ha tenido que dictar una resolución, derivando el asunto a los mediadores.


¿Qué puede ocurrir? Sin entrar en los trámites de cómo se debería actuar desde el punto de vista del procedimiento de mediación, o bien las partes alcanzan un acuerdo, y firman el correspondiente acta, que se homologa judicialmente (un procedimiento menos para el Juzgado, y unas partes que han alcanzado un acuerdo satisfactorio para ambas, evitando la espera del señalamiento, y la incertidumbre de sus resolución); o bien no se alcanza ningún acuerdo, con lo que el procedimiento vuelve a su trámite ordinario.

¿ Qué coste ha supuesto al Juzgado, frente al beneficio de poder dar solución a algunos asuntos de forma más ágil? El dictado de una resolución derivando a mediación a las partes, y el posterior dictado de una resolución homologando un acuerdo, u otra, reiniciando el trámite del procedimiento.


¿Y en medios materiales? Facilitar a las partes y los mediadores una sala para llevar a cabo la mediación –algún día de la semana, las salas de vistas están vacías por ausencia de señalamientos- que, en algunos casos, puede no ser necesaria si puede acometerse la mediación por medios telemáticos.


Si esto es así de sencillo, sólo cabe preguntarse, en dónde fracasa la implementación de la mediación intrajudicial. Desde mi experiencia fracasa en la burocracia. Cuando acometí esta posibilidad en Madrid, hace unos años, había que contactar con el Juzgado, y que éste estuviera conforme con introducir la mediación en su Juzgado –desde el Decanato no se adoptaba ninguna medida-, lo que suponía para los mediadores un periplo de Juzgado en Juzgado, esperando que alguien les escuche.


Los Juzgados tampoco tienen un listado de mediadores, más que el Registro del Ministerio de Justicia, por lo que hay que atender a que confíen en la profesionalidad de las personas que se le presentan como mediadores, y en su proyecto porque, no en vano, van a formar parte, de un modo u otro de la actividad de Juzgado.


Si se salva este escollo, el Juzgado tiene que pedir al Consejo General del Poder Judicial que le incluya como Juzgado que realiza mediación. Y aquí se planteaba otro problema, derivado de cual tenía que ser la intervención de la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma, a la que estaba transferida la competencia.


Todo aquello quedó en nada, por las dificultades burocráticas, y una evidente falta de voluntad de los responsables de la Administración de Justicia.

Ahora debería ser el momento de intentar iniciar un proyecto serio y guiado, para introducir la mediación intrajudicial, de forma decidida, ante la situación que se avecina pero, vistas las intenciones del Ministerio de Justicia y las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas, parece evidente que en los distintos órdenes se acumulará retraso, sobre retraso.


Pasado el frenesí por reiniciar la actividad judicial, cuando todo vuelva a la “nueva normalidad”, cuando asumamos que un procedimiento en lugar de un año o año y medio, tardará dos en obtener respuesta en primera instancia, se asumirá que “esto es lo que hay” y que “esto va así”, y nuevamente habremos dejado pasar una oportunidad para implementar la mediación intrajudicial de forma clara y decidida, como una parte más del procedimiento.

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