Metamorfosis: De las falsas informaciones a la captación mercantilista de clientes


Como asiduo lector de periódicos en todas sus formas (papel, digital) me gusta estar al día de lo que ocurre en el mundo, en mi ciudad, en mi pueblo; y cómo no, en mi profesión, como cualquier ciudadano que quiera estar informado.

Obviamente, como cualquier ser humano racional, analizo las noticias, es decir, desarrollo un razonamiento, como actividad mental que me permite estructurar y organizar las ideas para luego, llegar a una conclusión de lo que he leído. En definitiva, cualquier lector avezado realizará un proceso mental, un razonamiento lógico, y a partir de él, utilizando una o varias premisas, llegará a una conclusión, conclusión que puede ser verdadera, falsa o simplemente posible.

Ese proceso mental de análisis puede realizarse o desarrollarse en base a la experiencia o a una hipótesis y llegarse a una conclusión que, si la hipótesis es falsa, producirá una conclusión errónea, al basarse esa conclusión en una premisa inicial falsa y por tanto ese razonamiento tendrá con toda probabilidad, en cuanto a su veracidad, un razonamiento lógico inválido.

Por ello en el periodismo, es muy importante, podríamos decir, vital, que las informaciones que se le aporten al lector sean veraces, porque serán determinantes para la formación de la opinión pública.

Y se preguntará el lector porqué digo todo esto. Pues bien, un periódico de tirada y difusión insignificante -diariojurídico.com-, publicó hace unos días una noticia titulada: “las asociaciones de afectados por accidentes de tráfico recomiendan evitar al llamado abogado de compañía” y donde se vertían una serie de informaciones apodícticas donde se afirmaba que las víctimas o lesionados en accidentes de tráfico no son conscientes de los peligros que comporta que sean representados o defendidos por abogados de las compañías de seguros; que estos abogados no se preocupan de defender sus derechos porque están sujetos a las reglas internas de las grandes aseguradoras, que las indemnizaciones que reciben las víctimas defendidos por estos abogados siempre es menor que la que recibirían si los defendiere “un especialista”, que ocultan información vital a las víctimas y que con artimañas intentan convencer a los perjudicados que acepten la primera oferta que reciben.

Por si fuera poco, se afirmaba en dicho artículo sin rubor alguno que estos abogados de compañías dan un servicio de poca calidad y consiguen una pobre indemnización, son conformistas y les da igual lo que la víctima reciba de indemnización porque sus clientes son las aseguradoras y no las víctimas. Eso sí acaban el artículo dando la opción a las pobres víctimas de acudir a “bufetes de abogados especialistas en accidentes de tráfico” para que tengan todas las garantías.

Tristemente, otros medios –elitediario.com- se han hecho eco de esta grotesca noticia desconociendo si han cotejado las fuentes de origen y su veracidad.

Debo deciros queridos lectores que una proposición es apodíctica cuando es evidentemente válida o también cuando es forzosamente inválida.

No estaría escribiendo este artículo sino fuera por la indignante sensación que me produce -como abogado y como ciudadano- ya no sólo que un periódico publique una noticia mendaz, sino por el carácter mercantilista de la misma y sobre todo por dar publicidad a una información falsa, sin contrastarla, desde el desconocimiento del sector asegurador y sobre todo desde la cobardía en esconder la pluma (y su nombre) quien tan desacertado artículo redacta con total impunidad.

Una información veraz es aquella que describe la realidad tal como es. El ciudadano tiene derecho a recibir información veraz y el periodista obligación de actuar de forma diligente al obtener la noticia, contrastarla, redactarla y ponerla a disposición del público.

Si el derecho a la información es un derecho subjetivo de libertad, el ciudadano tiene derecho a recibir esa información de forma veraz, porque es lo que va a consolidar una opinión pública plural y libremente formada y por ello, la veracidad se convierte en un elemento garante de la constitucionalidad de un derecho tan básico como es el de informar. Por ello se exige que la información sea verídica, comprobada y contrastada según los cánones de la profesión informativa. Ese deber de contrastar la información por parte del periodista, será lo que nos determine la veracidad de una noticia.

A esto tenemos que añadir que los medios de comunicación tienen una clara función social y política, pero tienen una gran responsabilidad, al crear opinión pública. Por ello constitucionalmente se exige que la información que se comunique sea veraz, o en otras palabras, no se pueden divulgar hechos falsos.

Y dicho esto, el pseudo artículo propagandístico que comento está teñido de errores, tergiversaciones de la realidad, falsedades y sobre todo, desconocimiento tanto del sector asegurador como de la profesión de la abogacía. El periodista que ha redactado el artículo que comento o las personas que hayan divulgado la información, no han tenido una actitud positiva hacia la verdad, sino que han realizado un relato de hechos que, por motivos espurios, o que desconocemos, han decidido prescindir conscientemente de la verdad.

El Tribunal Constitucional ha profundizado en el análisis de los conceptos de veracidad y verdad. El artículo 20.1 d) no protege la narración de hechos verdaderos o judicialmente probados, sino la veracidad, es decir que quien informa ha realizado un comportamiento diligente en la comprobación de los hechos que desea narrar, entendiendo esta circunstancia cuando la información ha sido suficientemente contrastada. El Tribunal así lo expone en la STC 105/1990, de 6 de junio cuando explica que «información veraz es aquella información comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa». La jurisprudencia marca uno de los requisitos fundamentales: la exigencia de veracidad. No podemos entender un ejercicio profesional del derecho a la información sin este requisito, tal y como lo determina la jurisprudencia al definirlo como un comportamiento diligente en la comprobación de los hechos objeto de la noticia.

Dicho esto, cabe enseñar al periodista narrador de esta noticia falsa, que los abogados de las compañías aseguradoras, son Letrados en ejercicio como cualquier otro Letrado de una asociación, ya sea de víctimas de accidentes o de amantes del surf. Ejercen su profesión con los exigentes cánones deontológicos establecidos en el código deontológico nacional y el europeo. Al igual que lo hacen los abogados del turno de oficio. Su responsabilidad profesional es la misma que la de un Letrado de Asociación de Víctimas. Y así lo prevé nuestro Estatuto General, cuando establece que la Abogacía es una profesión libre e independiente, que asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada y se constituye en garantía de los derechos y libertades de las personas. Los Abogados deben velar siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defienden con respeto a los principios del Estado social y democrático de Derecho constitucionalmente establecido. Pero también el abogado actúa con independencia y libertad, al ser éstos, principios rectores de la profesión, además de cumplir con la máxima diligencia la misión de asesoramiento o defensa que le haya sido encomendada procurando la satisfacción del cliente.

El Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE), máximo órgano representativo de la Abogacía ante las instituciones de la Unión Europea, mantiene un Código Deontológico cuya finalidad es la de establecer unas normas de actuación en el ejercicio profesional transfronterizo y otras básicas que representan las garantías mínimas exigibles para posibilitar el derecho de defensa de una forma efectiva. El Consejo General de la Abogacía Española ha asumido íntegramente ese Código Deontológico.

En el ejercicio de la profesión de abogado, perviven valores fundamentales como la independencia, la libertad, la dignidad, la integridad, el servicio, el secreto profesional y la transparencia. La independencia de quien ejerce la abogacía resulta en un Estado de Derecho tan necesaria como la imparcialidad del juez. Informa a su cliente de su posición jurídica, de los distintos valores que se ponen en juego en cualquiera de sus acciones u omisiones, proveyéndole de la defensa técnica de sus derechos y libertades frente a otros agentes sociales, cuyos derechos y dignidad personal han de ser también tenidas en cuenta; y ésta tan compleja como unívoca actuación sólo sirve al ciudadano y al propio sistema del Estado de Derecho si está exenta de presión, si se posee total libertad e independencia de conocer, de formar criterio, de informar y de defender, sin otra servidumbre que el ideal de justicia. La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación. Ellas son la causa de las necesarias relaciones de confianza con el cliente y son la base del honor y la dignidad de la profesión. Se debe actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia, con lealtad al cliente, con respeto a la parte contraria, y guardando secreto de cuanto conociere por razón de su profesión. Y cualquiera que así no lo hiciere afecta al honor y dignidad de toda la profesión con su actuación individual. La dignidad, como modo de comportamiento, debe impregnar todas las actividades profesionales de quienes ejercen la Abogacía, ya que ésta está al servicio del ser humano y de la sociedad. Por eso, debe preservar no sólo la propia, sino la de sus clientes, de sus compañeros y de los contrarios, tratándoles con distinción, deferencia y respeto, sin olvidar que sus actuaciones repercuten en la profesión entera. Por tanto, quebranta la obligación de comportarse con dignidad quien ejerce su profesión con desprecio u olvido de que trata con personas, o incurre en comportamientos que, por su naturaleza, cuestionen o desacrediten gravemente la consideración que debe a los que se relacionan con él (preámbulo del código deontológico de la abogacía española).

Dicho esto, cabe señalar que los abogados -los de las aseguradoras-, tienen una fuerte especialización -y me atrevo a afirmar que mucho más afinada que cualquier otro Letrado-, y muchos años de ejercicio, dotando al justiciable, cliente o víctima de un accidente de tráfico, de las máximas garantías en su quehacer profesional. Acaso cree el periodista que las aseguradoras dejan en manos de cualquier Letrado la defensa de sus intereses que en muchos casos son de miles de euros?. Cree el firmante de este manifiesto que las aseguradoras contratan abogados sin especialización alguna o que no tienen culpa in vigilando en la elección de los Letrados defensores? Poco debe saber este periodista del mundo asegurador y del mundo jurídico en general.

El problema de este lamentable artículo es que la redacción o el periodista no sólo no ha contrastado lo que dice, sino que se lo ha inventado, no pudiendo distinguirse en dicho artículo la realidad fáctica de la información, de la opinión o incluso de un juicio de valor. Todo le valía para publicar tan execrable pasquín.

Y no puede escudarse el diminuto periódico en su protección constitucional a la información, cuando se menosprecia la verdad. La difusión de informaciones falsas, así como la transmisión de rumores o invenciones insidiosas no tiene protección constitucional alguna, porque al informar falsamente está viciando el derecho a la información. Así lo ha mantenido el Constitucional en sentencias como la STC 172/1990, de 12 de noviembre, en el que ese deber de diligencia y comprobación razonable de la veracidad no queda satisfecho solo con remitirnos a las fuentes, sino que lo convierte en un deber propio del informador.

La información suministrada al ciudadano por diariojurídico.com o élite diario.com, no ha sido veraz, ni se ha basado en hechos objetivos y reales y obviamente, no ha comprobado razonablemente las barbaridades vertidas en el artículo, simplemente porque esa realidad fáctica narrada en forma de anuncio apocalíptico, no podía ser comprobada razonablemente, al estar basada en una invención o insinuación insidiosa.

Como Abogado y como ciudadano lamento profundamente que se permita que con total impunidad se puedan verter semejantes barbaridades en un periódico (aunque sea de una escasa visibilidad), vistiéndolas de informaciones noticiables de actualidad, intoxicando al ciudadano y denigrando la profesión de la abogacía.

Me pregunto: cómo ha contrastado el firmante de este artículo las afirmaciones de que las víctimas o lesionados en accidentes de tráfico corren peligro si son representados o defendidos por abogados de las compañías de seguros? Porqué se afirma que estos abogados no se preocupan de defender los derechos de las víctimas o que las indemnizaciones que reciben las víctimas defendidos por estos abogados siempre es menor que la que recibirían si los defendiere “un especialista”?

Y mas grave aún: me encantaría que este profesional de la (des) información me explicase como ciudadano, que estos abogados de compañías dan un servicio de poca calidad, consiguen una pobre indemnización, son conformistas y les da igual lo que la víctima reciba de indemnización porque sus clientes son las aseguradoras y no las víctimas.

El loable periodista de brocha gorda debería valorar más un grano de cordura que arrobas de sutileza, porque la sutileza se presenta como habilidad, pero puede estar llena de mentiras y me imagino que no podrá explicarme cómo ha contrastado esta información -ni aún siendo sutil que no lo fue-, porque si se la ha filtrado su informador, le recomiendo o que cambie de informador o cambie de profesión.

No abandones querido periodista la pluma de pinceles finos, tan adecuada para describir el detalle, la realidad y los matices, sé fiel contigo mismo y con el periodismo y abandona la brocha gorda con la que se encalan los troncos de los árboles, las paredes y los sepulcros.

Pasen una agradable tarde de agosto.

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