La interposición de la denuncia ¿debe ser considerada reclamación a la aseguradora?

El supuesto de hecho que se analiza es si es posible considerar que la mera interposición de la denuncia, debidamente admitida a trámite, debe ser considerada como reclamación a la aseguradora, a los efectos del art. 7 del Real Decreto Legislativo 8/2204, con las consecuencias que de ello se derivan, previstas en el apartado 2 de dicho artículo, en especial la imposición de intereses del art. 9 del mismo texto legal y del art. 20.3 de la Ley de Contrato de Seguro.

Beatriz Rodríguez. Abogada. Miembro de la Hermandad Jurídica

Se analiza la SAP de la Sección 29ª de Madrid en el Recurso de Apelación 660/2019 contra la Sentencia dictada en un Delito Leve en la que el Juzgado de Instrucción entendió que sí debía ser considerada como tal, imponiendo a la aseguradora contra la que se ejercitaba la acción civil los intereses moratorios antes descritos. En este caso, se trataba del fallecimiento de un ciclista por atropello de un camión, cuya propietaria y tomadora/asegurada no facilitó parte de siniestro a la aseguradora, que recibió primera noticia de los hechos con la citación para comparecer al acto del juicio. Adjuntamos link de la misma.

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2ee6c323102a3888/20190712

La Ley 35/2015 de 22 de septiembre por la que se reformó el TRLRCSCVM establece en la nueva redacción del art. 7, las obligaciones del asegurador y del perjudicado; así:

“1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. (…)


El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año.

No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño. (…)


2. En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3 de este artículo. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo”.

La imposición de intereses moratorios está concebida en nuestra legislación como una obligación accesoria de refuerzo de la obligación principal de abono de los daños causados, como verdadera pena, con la vista puesta en el pronto cumplimiento de aquella obligación de reparar el daño causado, que se justifica desde la posición desigual del perjudicado, por lo general un particular, y la de quien debe hacer frente a tales daños.

Tal obligación se encuentra en consonancia con la obligación establecida para el asegurador, en el propio art. 7.2 del TRLRCSCVM, de observar una conducta diligente en la cuantificación del daño y en la liquidación de la indemnización, desde el momento en que se conozca la existencia del siniestro, tal y como se hace constar en la redacción de dicho artículo.

Pues bien, en este presente caso, debido a sus particularidades que después analizaremos, la aseguradora no tuvo ninguna noticia previa del accidente que nos ocupa y de sus consecuencias hasta recibir la citación judicial para la celebración del juicio.

En este asunto, se produjo el fallecimiento en el acto del ciclista en el propio lugar en el que el accidente se produjo, dando lugar al levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense para realizarle la autopsia. Ese medio de transporte, la bicicleta, no tiene la condición de vehículo a motor y por tanto, hasta el momento, sin seguro obligatorio. Con ello queremos decir, que no hubo por parte del titular de la bicicleta ninguna reclamación extrajudicial de daños.

Por su parte, el conductor del camión, esposo de la propietaria y tomadora y asegurada de la póliza de responsabilidad civil para la circulación del vehículo, manifestó en el acto del juicio que desconocía los motivos por los que no comunicaron la producción del siniestro a la aseguradora, tal y como era su obligación ex art. 16 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, en el plazo máximo de siete días desde que se produjo el accidente. En la Sentencia de instancia se indica, sin embargo, que tal extremo no obsta a la imposición de intereses del art. 20.3 de la Ley de Contrato de Seguro, si bien no impiden las acciones contra el tomador y el asegurado que en otro orden pudieran corresponder a la aseguradora condenada por el no cumplimiento de dicha obligación.

No obstante, por parte de los perjudicados tampoco se realizó reclamación extrajudicial alguna dirigida al asegurador, ni se solicitó oferta motivada de indemnización. La derivada de ello fue el total desconocimiento por parte de la aseguradora tanto de la producción del siniestro como de sus fatales consecuencias.

Todo ello a pesar de que la Fiscalía de Seguridad Vial se preocupó de que se cumpliera con el trámite, que solicitó del Juzgado, entre otras diligencias, que se requiriera a la aseguradora del vehículo conducido por el investigado para que presentase, al amparo del art. 7.2 del TRLRCSCVM, la correspondiente oferta motivada y que se afianzaran las eventuales responsabilidades civiles. Esa petición fue denegada.

Tanto es así, que en el escrito de la Fiscalía de Seguridad Vial por el que interesa el sobreseimiento de las Diligencias Previas y su transformación a Delito Leve a la vista de la imprudencia menos grave cometida por el conductor del camión, vuelve a reiterar la petición de que se requiriera a la aseguradora para que presentase la correspondiente oferta motivada, manifestando extrañeza no sólo por la falta de consignación o de satisfacción extraprocesal de las responsabilidades civiles, sino incluso por la falta de personación de la aseguradora en el procedimiento, a la vista del tiempo transcurrido desde el fallecimiento del ciclista (en este momento había transcurrido más de un año).

Tal conocimiento por parte de la entidad aseguradora devino con la citación a juicio, transcurrido más de un año y medio desde el accidente, procediendo a personarse inmediatamente, comunicando al Juzgado la falta de conocimiento de los hechos que nos ocupan.

Una vez tomado vista del procedimiento y solicitado de forma extrajudicial a la representación procesal de los perjudicados información adicional sobre datos personales del resto de los perjudicados no personados en el procedimiento, pero que no por ello perdían tal condición, efectuó oferta motivada de indemnización con consignación judicial de los importes a favor de todos ellos, antes de que transcurrieran tres meses desde su citación a juicio que se tomó como fecha de la reclamación, importes que fueron objeto de entrega y pago a los perjudicados antes de la celebración del juicio.

La acusación particular y el Ministerio Fiscal se mostraron conformes con las cantidades ofertadas y consignadas pues en el acto del juicio no se solicitó por ellas ninguna cuantía adicional, es decir, eran conformes a baremo y consideraron su cuantificación correcta.

Además las sumas consignadas fueron debidamente actualizadas según art. 40.1 del TRLRCSCVM a la fecha de su abono, por lo que según el art. 40.2 del mismo cuerpo legal no procede actualización alguna a partir del momento en que comienzan a devengarse intereses moratorios.

La Sección 25ª de la Audiencia Provincial de Madrid comparte ese criterio, revocando la Sentencia de instancia declarando no haber lugar a la imposición de intereses moratorios a la aseguradora responsable civil directa, tomando en cuenta su diligencia en la cuantificación del daño y en la liquidación de las indemnizaciones correspondientes desde el momento en el que se tuvo conocimiento del siniestro, que fue la fecha de recepción del burofax de citación a juicio, realizando oferta motivada en tiempo y forma en el plazo de tres meses desde la recepción desde esa fecha que es tomada como de efectiva reclamación, entendiendo por tal el referido burofax, porque antes no tuvo nunca conocimiento de la obligación que le competía.

Corresponde a los perjudicados, pues son quienes reclaman, la carga de la prueba de que cumplieron con los requisitos del art. 7 del TRLRCSCVM dirigiendo reclamación a la aseguradora, y que al no ser atendida, trae como consecuencia la imposición de los intereses moratorios.

Por tales razones, analizada toda la tramitación del procedimiento, se entendió que concurrían los requisitos establecidos en el párrafo tercero de la regla 6.ª del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, en cuanto que establece cual es el término inicial para el cómputo de los intereses, como excepción a la regla general: “Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número (Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro) quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa”. Concurría igualmente la causa justificada o que no le fuera imputable al asegurador del art. 20.8 de la Ley de Contrato de Seguro, por lo que por la Audiencia Provincial se consideró que la aseguradora no ha incurrió en mora y no procedía la imposición de intereses solicitados de contrario.