La justicia después del estado de alarma tras la propuesta del Consejo General del Poder Judicial

Ante la especial situación de emergencia y estado de alarma por el Covid19 y en relación a la Administración de Justicia, se pronuncia el foro “La Hermandad Jurídica” compuesto por 143 abogados de diferentes especialidades, que han dado su opinión sobre las medidas propuestas el pasado 2 de abril de 2020 por el Consejo General del Poder Judicial para tratar de evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma.

Lo primero que habría que destacar es que, de ser cierto que estas medidas hubiesen sido elaboradas en el plazo de 15 días, tras acuerdo de la Comisión Permanente del día 2 de abril, adolecerían de la necesaria reflexión, aún con la excusa de reputarlas mero documento de trabajo para su traslado a los demás operadores jurídicos. Siendo lo cierto que, visto que el documento plantea reformas procesales de gran calado, no parece que su objeto único sea la lucha contra la pandemia, sino más bien, aprovechando las actuales circunstancias, imponer aquéllas hurtando el debate con la excusa de la urgencia del estado de alarma.

Como expone Abelardo Moreno, abogado administrador del foro jurídico, en la propuesta realizada por el CGPJ se omite algo tan crucial como las medidas conducentes a salvaguardar la seguridad de todos los intervinientes en la Administración de Justicia, sin obviar a los propios justiciables, siendo evidente que no va a ser posible volver a una actividad normal, al menos en un corto espacio de tiempo.


Nada se recoge de las necesarias medidas que se han de adoptar, una vez se reanude la actividad judicial, como las distancias entre los funcionarios, los trabajadores, profesionales, partes y testigos (esto en sedes y salas de vista de tamaño, muchas veces, muy reducido) y nada se establece sobre el uso de equipos de protección a las sedes judiciales.


Pasando por alto todo esto el CGPJ se abalanza sobre la normativa procesal con la declarada finalidad, dice, de desincentivar litigios basados en planteamientos insostenibles, no pretendiendo sino restringir el acceso a la jurisdicción, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, imponiendo multas de hasta 3.000 euros al justiciable al que se considere que ha litigado con temeridad o sin fundamento, dejando al libre albedrío del Juzgador su imposición, con un regusto a las antiguas, y ya derogadas, tasas judiciales.


De la misma forma se trata de modificar el criterio de imposición de costas procesales, en relación con el litigante al que se le da la razón en el pleito siendo que podrán limitarse las costas e incluso no imponerse, asumiendo el justiciable los gastos de un pleito que ha ganado, y cuyos gastos deberían ser rembolsados.


La habilitación del mes de Agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales, es otra de las propuestas, olvidando el derecho al descanso, vacaciones y conciliación de la vida personal –que se predica de los miembros del Poder Judicial- de Abogados, Procuradores y resto de operadores jurídicos, así como los propios justiciables.

En este punto, el abogado y componente del foro Javier Bezanilla indica que es mucho más interesante la propuesta del Consejo General de la Abogacía Española, que propone la concentración del período vacacional en el mes de Agosto, porque lo que genera una evidente disfunción en la gestión de los órganos jurisdiccionales es la imposibilidad de celebrar muchos señalamientos en Julio y Septiembre, por los sucesivos períodos de vacaciones, de modo que, de este modo, se asegura un funcionamiento completo en lo que son períodos hábiles.

En las medidas se viene a elogiar el funcionamiento de los Juzgados especializados en Cláusulas Abusivas cuando han sido un fracaso absoluto, acumulando retrasos de casi tres años, sólo en incoar un procedimiento, siendo censurable que se pretenda generalizar tan nefasta experiencia, mediante la concentración de la competencia para el conocimiento de determinada clase de asuntos, abocados a la caducidad procesal.


Por parte del abogado Iñaki Mekinasi igualmente se advierte que, dentro de estas medidas, se da la posibilidad de que un procedimiento judicial pueda avanzar sin el debido apoderamiento de las partes hasta el momento anterior al acto de juicio, o de la audiencia previa, siendo que esto puede originar el despliegue de toda una actividad jurisdiccional que podría ser inútil si luego no se lleva a cabo tal apoderamiento. Y todo ellos ignorando la posibilidad del apoderamiento “apud acta” telemático, que agilizaría este trámite.


Otra medida que se propone es la modificación de la cuantía de los procedimientos de Juicio Verbal a reclamaciones de hasta 15.000 euros, pretendiendo que se tramiten procedimientos de una cuantía tan significativa, con plazos breves para contestar la demandar, de diez días, aportando informes periciales, y documentos que pueden ser de cierta complejidad, en tan breve plazo, y sin previsión legal del trámite de conclusiones

Sin duda, esta propuesta, de nuevo, generará grave indefensión por contar con menos garantías para las partes, como indica el letrado Eduardo Zuazua miembro del foro.


El dictado de sentencias “in voce” no hará sino incrementar la interposición de recursos, trasladando a las instancias superiores lo que serán déficits de fundamentación en sentencias, o el dictado de resoluciones escasamente justificadas, en perjuicio, de nuevo, de las partes, que no encontrarán respuesta adecuada a las pretensiones deducidas en demanda, y con las evidentes dificultades para su posterior recurso.


Incidirá además en los tiempos de duración de las vistas, provocando esperas y dilaciones en el desarrollo de la audiencia, y las concentraciones en las sedes judiciales de profesionales y justiciables, tal como destaca el abogado Jose Maria Casado.

Pasa por alto el borrador del CGPJ la necesaria utilización de medios electrónicos, que esa sí es una competencia del Consejo, cuando la realidad es que los Juzgados carecen de los medios adecuados para la práctica de pruebas como la videoconferencia y que agilizarían la celebración de los actos de juicio –en los casos que sea posible- por el sistema “zoom-us” que muchas sedes tienen ya implementado, para su aplicación en la actual situación, como apunta la Letrada del Foro Rosario Barrado.


Tampoco se resuelve por el CGPJ la implementación del expediente electrónico –el tan aireado plan “papel 0” que no ha hecho sino multiplicar el papel que gestionan los profesionales y las oficinas judiciales-. Basta ver la diferencia en la gestión y tramitación, en el orden contencioso administrativo, entre los Juzgados Central Contencioso Administrativo, y los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Una diferencia abismal en la rapidez de su tramitación, como se indica por la Abogada Lorena Redondo.

En estos aspectos, sí debería entrar el CGPJ, y no en la propuesta de modificación de la tramitación procesal de los procedimientos porque, es evidente que, reforma tras reforma, no hemos mejorado nada, por contra, cada vez hay más retraso en la gestión, y tramitación de asuntos.

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